Decretazos digitales y puertas al campo

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A lo largo de los últimos tiempos, y en especial a lo largo de este año 2019 que termina, voces cada vez más numerosas claman, dentro y fuera de España, por una regulación consistente y sistemática en torno a diversos aspectos relacionados con la tecnología blockchain. Estas voces no imaginaron que los primeros pasos en España serían como han sido.

Aquí no vamos a centrarnos en el complejo conflicto independentista catalán en sí mismo, ni tampoco en el llamado “decretado digital” del ejecutivo español; baste exponer que el proyecto IdentiCAT de identidad autosoberana catalán, la llamada República Digital Catalana, ha sido frenado en seco por una polémica legislación (el RD 14/2019), permite al gobierno español intervenir redes de comunicaciones en bien del orden público o la seguridad nacional.

Puedes consultar los detalles fácilmente y evaluar por ti mismo los pormenores de dicho decretazo. Podrás alinearte con quienes ven en la medida un atentado a las libertades de la ciudadanía, o con los que la consideran una herramienta contra los ilegítimos desmanes del independentismo catalán. A nosotros nos interesa cómo afecta esto al panorama regulatorio de la tecnología blockchain.

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¿Desincentiva la investigación o defiende los derechos de la ciudadanía?

Se ha dicho desde numerosos sectores que dicha medida desincentiva la investigación en torno a la DLT en el ámbito español, lo que puede suponer una traba terrible en un momento clave en el desarrollo de esta tecnología. También, que es una forma de censura similar a las practicadas en China o Turquía. Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo, como leemos en este jugoso artículo de Mónica Redondo en Hipertextual.

Es el caso de Pablo Burgueño, que de legislación blockchain sabe un rato. Para él, el caso IdentiCAT es una clara muestra de lo que puede ocurrir al innovar sin contar con el legislador. Para su viejo compañero Alberto G. Toribio, todo un pope del sector, IdentiCAT estaría a medio camino entre ser un elemento de marketing y un intento de evitar un control estatal ante el que es Estado español no puede, por fuerza, permanecer impasible.

Estaríamos, pues, ante un falso dilema entre innovación y legislación. Si el decreto es un claro paso hacia el control de las comunicaciones por parte del gobierno, algo difícil de dudar, no interfiere para nada en el potencial investigador español en materia de blockchain. Ni siquiera en los futuros desarrollos legales que están, sin duda, en ciernes.

El escenario blockchain español entra en 2020 con un sobresalto que tiene más de fenómeno mediático que otra cosa, y cuyo impacto real en los desarrollos de investigación españoles sobre DLT es más bien nimio. Intentar regular los desarrollos científicos y técnicos sería poner puertas al campo. Ahora, lo que se espera es que la ley sepa, simplemente, allanar el camino.

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