La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (SGTyPF) ha formalizado un acuerdo con el consorcio Alastria, una iniciativa privada que agrupa a más de 180 instituciones y empresas en España, en su mayoría del sector financiero, y que persigue promover la implantación de una infraestructura blockchain de una forma segura y eficiente, con eficacia legal en el ámbito español y acorde con la regulación europea.
Blockchain, y de forma general las tecnologías de registro distribuido (Distributed Ledger Technology o DLT), constituye una de las innovaciones con mayor potencial disruptivo para la economía y la sociedad desde la llegada de Internet. Las DLT tienen una enorme capacidad de transformación de los procesos y modelos de negocio bancarios y del sector financiero en general.
Alastria, que se constituyó en octubre de 2017, incorpora así a su primer miembro del sector público, en un momento de auge de esta tecnología. De este acuerdo surgirán propuestas reales de aplicación de blockchain que coloquen a sus miembros en la vanguardia y liderazgo de este nuevo entorno digital y transformador de la sociedad. Tal es así, que el consorcio Alastria se ha convertido ya en un ejemplo para otros países, que se plantean seguir el mismo modelo de trabajo.
La SGTyPF, organismo que depende del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, viene desde hace tiempo haciendo un seguimiento de los desarrollos y aplicaciones de esta tecnología por parte del sistema financiero en nuestro país, así como del conjunto de innovaciones que se recogen en el concepto más amplio de FINTECH. Y es que la transformación digital trae consigo formas muy diferentes de prestar servicios financieros y, en consecuencia, nuevos retos para las entidades financieras y para las autoridades públicas.
En el seno del Comité de Innovación Financiera (CTIF), la Secretaría coordina el esfuerzo de supervisores sectoriales, Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como de otras entidades relevantes, como el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el SEBPLAC y la Agencia de Protección de Datos, para dar seguimiento a un proceso innovador acelerado que tiene un importancia potencial modernizador para el sector financiero. Pero, a su vez, tiene importantes implicaciones desde la óptica de los objetivos de la política pública en el sector, la protección del consumidor y del inversor, la integridad de los mercados financieros y el cumplimiento con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.