Seguimos dándole vueltas al asunto de la regulación DLT no porque nos guste (que también), sino porque es una de las cuestiones candentes en el universo blockchain de este atribulado final de década. Hoy es el turno comentar el muy interesante informe sobre monedas digitales del grupo FIDE, del que nos enteramos a través de este artículo (también muy interesante) de la revista Consejeros.
Tanto el informe (con sus casi sesenta páginas) como el artículo son exhaustivos, por no decir densitos, así que haremos como solemos: te ofrecemos una selección de las ideas generales y más interesantes de los mismos. En todo caso, su lectura es más que recomendable para profundizar en la naturaleza de los criptoactivos y los desafíos regulatorios a los que se enfrenta. Aquí, el texto íntegro del artículo.
Se nos olvidaba presentar a los responsables… FIDE son las siglas tras las que se encuentra la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, cuya actividad como «think tank jurídico-económico» (que así es como se define a sí misma) destaca por su seriedad en términos de investigación y su febril actividad encarnada en encuentros, publicaciones y labores de asesoramiento.
Definir, consensuar, regular
Vamos con el artículo. Lo primero, plantean sus autores, es definir de forma precisa (más o menos) qué es una criptomoneda, qué es una moneda digital y en qué se diferencian del dinero fiat tradicional. Decimos «más o menos» porque, como siempre ocurre en estos casos, la gente de FIDE se topa con la diversidad de casos reales, sus funciones y su naturaleza.
Luego se pasa a abordar un punto clave en la línea de flotación de las criptomonedas: el consenso. Aparte de una cuestión puramente técnica, el asentamiento del dinero digital pasa necesariamente por tratar el aspecto jurídico de la legitimidad de cuestiones como descentralización, consenso y autoridad; ¿quién, y por qué, «manda» en una criptomoneda?
Y llegamos por fin al meollo del asunto. Suponiendo que sea compatible la coexistencia de dos filosofías del dinero que pueden llegar a ser (a veces) diametralmente opuestas, ¿cómo se regula eso? ¿Quién debe hacerlo? ¿Es necesario? ¿Debe restringirse su uso a casos específicos? ¿Hay que dejarlo en manos de los gobiernos, o podemos optar por una gobernanza colectiva?
Sí, más dudas que otra cosa. Es lo normal, en el estado actual de las cosas y con tantos, tan diversos y tan cambiantes actores, estrategias e ideologías en juego. La solución no es sencilla, pero hay que dar con una. ¿Quién dijo miedo?