Cuando hablamos de tecnología blockchain no hablamos solamente de criptodivisas. Hablamos también, entre otras cosas, de confianza, de registro transparente e inmutable de intercambios, de fiscalización de operaciones. Son todos ellos elementos centrales en la DLT que pueden ayudar grandemente en la lucha contra la corrupción.
Esta reflexión viene sugerida por este artículo de BeInCrypto, en el que se plantean casos de uso de la tecnología blockchain como instrumento de lucha contra la corrupción política en cuatro países de habla hispana: Argentina, Colombia, Perú y España. La idea es no tanto entrar al detalle en estas iniciativas como ver las posibilidades y el panorama de esta vía de aplicación de la DLT.
Hace tiempo que la tecnología blockchain está en el punto de mira de diferentes actores e instituciones como elemento útil contra la corrupción. A finales de 2020 presentábamos el caso de la Red Iberoamericana de Fiscales Anticorrupción, que se planteaban muy seriamente contar con la blockchain para desarrollar acciones anticorrupción concretas.
Regulación, entidades públicas y contrataciones, en el ojo del huracán
En todos los países estudiados en el artículo de BeInCrypto aparece de forma constante un problema relacionado con la contratación de obra pública. Podría considerarse como un mal endémico: la llamada “mordida” de funcionarios públicos, las partidas oscuras, el derroche de capital público… Un registro de contratación basado en blockchain permitiría un rastreo constante y transparente de estas actividades.
En este proceso hay dos actores implicados, uno privado y uno público. Pero, desde una perspectiva más general, la gestión pública en su conjunto podría hacerse mucho más eficiente en su conjunto si se apoya en la tecnología bockchain. Algunas iniciativas en los países latinoamericanos ya apuntan en esa dirección, lo que permite mirar con más esperanzas el futuro de la gestión pública.
Esto nos lleva a pensar en lo que, en última instancia, es el meollo de la cuestión: la regulación. Es un desafío mayor, como muestra el debate generalizado a nivel nacional e internacional al respecto. La falta de homogeneidad y acuerdo en ese sentido crea espacios de incertidumbre y puntos negros que dificultan cualquier medida seria y efectiva en este sentido.
Pero también aquí se pueden constatar ciertos avances, tanto a nivel sectorial (entidades financieras, aseguradoras, organizaciones académicas) como desde una perspectiva integral. Sería deseable la creación de unas directrices supranacionales que generaran una mayor cohesión y, así, animaran a la implementación de medidas concretas y eficaces. ¿Lo veremos? Solo el tiempo lo dirá.